Conflictes familiars

Conflictes familiars

Cuando se habla de conflictos en el ámbito familiar, el primer término que probablemente nos viene a la mente es «mediación» y no tanto «justicia restaurativa». La mediación ha sido hasta ahora la práctica más difundida en nuestro país para afrontar los conflictos de forma constructiva y dialogada como vía alternativa al proceso judicial. De hecho el ámbito familiar ha sido, desde hace tiempo, uno de los sectores más receptivos al uso de las vías extrajudiciales para la resolución de los conflictos. Esta tendencia en gran medida tiene relación con el hecho de que resulta muy evidente el desgaste y los daños especialmente personales que supone un proceso judicial para las personas afectadas, que a menudo pueden ser menores de edad.
Los conflictos familiares no se limitan a los surgidos de los cambios tan importantes que se pueden generar a raíz de un proceso de separación de una pareja. Decidir la mejor manera de cuidar a una persona mayor de la familia, la repartición de bienes de una herencia o como organizarse para garantizar el bienestar de un menor en riesgo, pueden ser algunas de las muchas situaciones que podrían causar enfrentamiento en el seno de una familia y desembocar en un proceso judicial.
Cuando un conflicto familiar se judicializa es habitual que se dirima en la jurisdicción civil dado que las relaciones (derechos y deberes) entre familiares se encuentran principalmente reguladas por el derecho civil (derecho privado). Las personas inmersas en un conflicto familiar que tenga una marcada connotación legal, pueden recurrir a la mediación familiar. 
Actualmente, en Cataluña el Centro de Mediación en Derecho Privado ofrece este servicio tanto para aquellos conflictos que quieren evitar iniciar un proceso judicial contencioso, como aquellos que ya se han judicializado. Aquí se puede encontrar información detallada:
Hay que tener en cuenta, también, que en nuestro país el incumplimiento de ciertas obligaciones familiares puede ser considerado una infracción penal, como el llamado incumplimiento de deberes de custodia (falta regulada en el art. 622 CP) o abandono de familia (delito regulado en los arts. 226 y 227 CP). 
Cuando, desgraciadamente, el conflicto ha escalado hasta el punto de que una de las partes decide interponer una denuncia en estos términos, también es posible recurrir al Programa de Mediación y Reparación Penal. Asimismo, y en función de la proyección del conflicto, cuando no hay una connotación legal destacada, también se puede recurrir a un centro de mediación comunitaria.
Independientemente del servicio de mediación al que se dirijan las personas, la metodología y los valores son realmente muy similares, lo único que varía es el marco institucional y la existencia o no de protocolos con los órganos judiciales. El objetivo en todos los casos es ayudar a las personas a mejorar la comunicación y, de forma colaborativa, encontrar una salida positiva al conflicto para evitar que sea un juez quien les imponga una solución que, si bien puede ser de de acuerdo con la ley, podría no adecuarse a sus necesidades.
Por otra parte, el trabajo sobre la historia del conflicto, los daños y heridas que necesiten ser reparadas, también puede ser clave para que las partes puedan transformar su relación de enfrentamiento en colaboración. A veces este puede ser un paso previo necesario antes de poder empezar a pensar en consensos y mejoras. En este sentido el enfoque es bien similar al que el paradigma de justicia restaurativa hace de los conflictos que llegan a la jurisdicción penal en cuanto a la escucha, el reconocimiento, la responsabilidad y la reparación de los que se consideren afectados y/o responsables del conflicto. Huelga decir que en el ámbito de las relaciones familiares y las relaciones humanas en general, es frecuente que todos los actores del conflicto, en algún momento, se hayan sentido «dañados» por comportamientos de los demás y, al mismo tiempo, también ellos se puedan responsabilizar de ciertos padecimientos de los demás.
En países como Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda del Norte o Noruega entre otros, en el ámbito del bienestar social y la protección a la infancia es habitual llevar a cabo prácticas de Family group conferencing cuando se detecta a un menor que está en situación de riesgo. El objetivo es implicar y empoderar a la familia, sea cual sea su extensión (el concepto de familia y parentesco varía en función del contexto cultural), para decidir la mejor manera de cuidar del menor. Ver también http://restaurativa.cat/es/family-group-conferencing/