Instrumentos legales, internacionales y supranacionales

Instrumentos legales, internacionales y supranacionales

Organismos internacionales como las Naciones Unidas o el Consejo de Europa han aprobado instrumentos legales relativos a la mediación penal y la justicia restaurativa, que si bien no tienen carácter vinculante para los Estados miembros, si que tienen una innegable fuerza moral (soft law) y por lo tanto han servido para legitimar y favorecer la introducción de prácticas restaurativas en las políticas penales de los Estados miembros. El valor de estos instrumentos radica en el hecho de que implican un reconocimiento y aceptación por parte de un elevado número de estados. De este modo, a pesar de no tener aplicabilidad directa  en los ordenamientos nacionales, los valores y principios que proponen en la implementación de programas de justicia restaurativa, son ampliamente aceptados y compartidos en el seno de la comunidad  internacional, hecho que a su vez, contribuye a generar un lenguaje común.
En el marco de las Naciones Unidas se han aprobado varias resoluciones y declaraciones relativas a las víctimas o a las medidas penales alternativas en las que se hace referencia a la importancia de potenciar la reparación del daño de la víctima por parte del ofensor. La más significativa ha sido la Resolución 2002/12 adoptada por el Consejo Económico y Social, alentando a los Estados miembros a que se rijan por unos determinados principios básicos a la hora de implementar programas de justicia restaurativa.
Esta resolución define como proceso restaurativo “cualquier proceso en el que/cual la víctima y el ofensor, y cuando sea apropiado, cualquier otra persona o miembro de la comunidad afectado por el delito participan juntos activamente en la resolución de los asuntos derivados  del delito, generalmente con la ayuda de un facilitador”. La misma Resolución pone de manifiesto que además de ser un “proceso” es, en el fondo, una manera de responder a la conducta delictiva que tiene en cuenta y equilibra las necesidades de la comunidad, de la víctima y del ofensor (UNODC, 2006).
El Consejo de Europa ha mostrado interés en el desarrollo de la mediación penal desde bien pronto emitiendo recomendaciones que, relativas a la posición de la víctima en el proceso  penal, su asistencia, delincuencia juvenil, la gestión del proceso penal o normas relativas a las prisiones,nmencionan la reparación y la mediación penal. Merece mención la Recomendación (99)19 sobre la mediación en asuntos penales, que no sólo define la mediación y los principios que la rigen, sino que recoge recomendaciones sobre qué tiene  que ser la responsabilidad de los estados a nivel institucional a la hora de proporcionar los medios para la implementación y garantizar la calidad, así como sobre la relación entre la medicación penal y el proceso penal.
Así mismo, la Recomendación (2006) 8 sobre la asistencia a las víctimas, hace referencia a la mediación en su art.13, donde propone que la Administración Púbica cuando trate con  víctimas tendría que considerar, siempre que sea apropiado y los recursos estén disponibles, los potenciales beneficios que la mediación entre víctima y ofensor pueden ofrecer a las víctimas.
En el marco de la Unión Europea también se ha hecho una apuesta para favorecer la  implementación de la mediación penal y las prácticas restaurativas en los Estados miembros.
El objetivo de mantener e impulsar un espacio de libertad, seguridad y justicia que se basa fundamentalmente en el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales en materia civil y  penal, es el marco en el que hasta ahora se ha basado la UE para aprobar normas vinculantes para los Estados en materias relacionadas con  la justicia restaurativa. En concreto, el art. 82.2 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé el establecimiento de  normas mínimas aplicables en los Estados miembros en la medida que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza, en concreto en relación a los derechos de las víctimas. Recientemente, con el objetivo de revisar y complementar los principios establecidos en la Decisión marco  2001/220/JAI relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal (arts. 1, 10 y 17), y mejorar la protección de las víctimas en el conjunto de la Unión, se ha aprobado la Directiva 2012/19/UE por la cual se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la  protección de las afectadas, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.
La consideración 46 refleja de forma muy ilustrativa la posición de la UE hacia la justicia restaurativa: “Los servicios de justicia restaurativa, incluidos, por ejemplo, la mediación entre víctima e infractor, las conferencias de grupo familiar y los círculos de sentencia, pueden ser de gran ayuda para la víctima, pero requieren garantías para evitar toda victimización secundaría y reiterada […]”.
La Directiva incluye una definición de justicia restaurativa al art. 2. 1. d). El art. 12 establece que los Estados miembros tienen que tomar las medidas necesarias para que las víctimas  que recurran a los servicios de justicia restaurativa no sufran victimización secundaría. En concreto, el art. 12.1 describe las condiciones y las garantías que estos servicios tienen que cumplir para ser seguros y competentes en este sentido. El art. 12.2 prevé que los Estados miembros, si se tercia, facilitarán la derivación de los casos a los servicios de justicia restaurativa, incluso elaborando procedimientos u orientaciones sobre las condiciones para tal derivación.
Hay que tener en cuenta que los Estados miembros están obligados a traspasar las medidas previstas en la Directiva a su derecho nacional; es decir, tienen que tomar las medidas necesarias para que cualquier víctima que se encuentre en su territorio pueda tener los derechos previstos por la Directiva independientemente de cuál sea su nacionalidad o lugar de residencia. Habrá que ver cómo estados como España, que aún no han hecho adelantos en este sentido, legislan el acceso a la justicia restaurativa y organizan la dotación de los medios para que todo ciudadano tenga un acceso efectivo. En este sentido el Proyecto de reforma del Código Penal y el Anteproyecto de Código Procesal Penal mencionados, así como las estrategias de implementación y financiación que se  deriven, podrían abrir un camino de mejora.