Introducción al marco legal

Introducción al marco legal

En el ordenamiento jurídico español las prácticas de justicia restaurativa en el ámbito penal sólo cuentan con regulación expresa en el sistema de justicia juvenil. La Ley Orgánica 5/2000 de la responsabilidad penal de los menores prevé los supuestos en los que la conciliación, la reparación efectiva o bien el compromiso de reparación por parte del menor hacia la víctima, permiten al Ministerio Fiscal, siempre que no se trate de una denuncia grave, no iniciar la tramitación del expediente o bien, si ya está iniciada, puede desistir de perseguir los hechos (arts. 18 y 19). Los arts. 14 y 51 prevén efectos jurídicos positivos para los menores ofensores que ya una vez recaída sentencia, hayan alcanzado un acuerdo con la víctima dirigido a la reparación del daño 
En el sistema penal de adultos en cambio, ni la mediación penal ni ninguna otra práctica de justicia restaurativa no cuentan aún con una base legal específica de derecho estatal. Sobre esta materia sólo se cuenta con normas internacionales y supranacionales mayoritariamente de soft law. Esta falta de regulación positiva no impide que prácticas de justicia restaurativa tengan cabida en el sistema penal a través de diferentes instrumentos legales o prácticas que sí se encuentran previstos legalmente. Tampoco ha sido un obstáculo para que jueces y fiscales, valiéndose de las posibilidades que indirectamente ofrece el ordenamiento, reconozcan efectos jurídicos previstos por la ley a los resultados alcanzados en procesos restaurativos extrajudiciales. Prueba de ello es que desde los años noventa, instituciones públicas y privadas en diferentes comunidades autónomas han emprendido programas de mediación entre víctima y ofensor con carácter extrajudicial 
A continuación se exponen brevemente los principales instrumentos jurídicos que en nuestro ordenamiento permiten actualmente otorgar reconocimiento legal a lo que víctimas y ofensores hayan acordado en un proceso restaurativo.