Blog Un poco de historia

Un poco de historia

La historia de la justicia restaurativa no puede ser encajonada en categorías temporales separadas sino que más bien está formada por capas superpuestas de líneas de pensamiento y movimientos de activismo social, algunos relacionados, otros inconexos, que se van añadiendo a medida que el paradigma se desarrolla (Daly y Immarigeon, 1998). Movimientos de defensa de los derechos de los presos, de las víctimas o de los pueblos indígenas, tendencias dentro del trabajo social o la psicología que abogan por modelos de intervención de carácter emancipatorio para sustituir el asistencialismo, la expansión de los ADR o corrientes de pensamiento como la criminología crítica, teorías feministas de justicia o el comunitarismo entre muchos otros, son factores que han tenido un papel relevante en el surgimiento y desarrollo del paradigma restaurativo (Walgrave, 2008).
Otros autores ponen de manifiesto que los valores de la justicia restaurativa no son algo nuevo sino que civilizaciones antiguas como la árabe, griega, romana, china o hindú, entre otras, así como tradiciones religiosas como el budismo, el cristianismo, el islamismo, el confucionismo, el hinduismo o el judaísmo, se asientan sobre valores centrales en el paradigma restaurativo como el respeto, la reparación o el perdón (Hadley, 2001; Walgrave, 2008).
En general, sin embargo, se identifica que la primera práctica restaurativa entre víctima y ofensor se llevó a cabo en 1974 en Kitchener, Ontario. Después de esta experiencia, en 1976 se instituyeron los San Francisco Community Boards que perviven en la actualidad, que quieren aportar una fórmula pacífica y colaborativa de afrontar los conflictos de los ciudadanos de a pie a través de tablas de 3 ciudadanos voluntarios dispuestos a escuchar a las partes y ayudarles a encontrar una solución mutuamente aceptable [2].
En 1977 el criminólogo noruego Nils Christie, uno de los representantes del abolicionismo crítico, publicaba el artículo «Conflicts as property», que se convertiría en una obra de cabecera de la justicia restaurativa. Christie denunciaba que en transcurso del proceso histórico de centralización del poder de castigo, los conflictos han sido robados o expropiados a sus protagonistas directos por parte de «ladrones profesionales», refiriéndose a los profesionales que trabajan en el sistema de control penal, y por  «ladrones estructurales», refiriéndose a las estructuras sociales propias de la sociedad industrializada. El autor argumenta que los conflictos serán positivos si son los ciudadanos y las personas directamente afectadas, y no los profesionales o expertos, quienes deben decidir qué es lo que realmente es relevante en el caso y debatir los asuntos relativos a la responsabilidad del daño. De esta manera, el abordaje de los conflictos genera oportunidades para clarificar y cristalizar valores y normas. En su artículo, Christie propone un modelo que garantiza la participación directa de las víctimas y se vertebra por unos principios y valores que entroncan con los que más tarde serían propios del paradigma restaurativo.
En Noruega las ideas de Christie tuvieron eco a nivel político y práctico y en 1981 se puso en marcha un programa piloto que introducía la mediación víctima-ofensor para menores ofensores que delinquían por primera vez. Esta experiencia embrionaria evolucionó y actualmente todos los ciudadanos de Noruega tienen acceso a un Servicio de Mediación cercano a su territorio para resolver sus conflictos, ya sea antes de llegar al juzgado o bien una vez el conflicto ya se ha judicializado (Hydle y Kemény, 2010).
Durante los años ochenta se fueron poniendo en marcha programas piloto de mediación entre víctima y ofensor en países como Finlandia, Austria, Bélgica, Alemania, Francia o Reino Unido, así como también en Estados Unidos y Canadá. En este último país, en 1986, en el seno de la comunidad Hollow Water First Nation, se inicia la práctica de los Healing Circle. Unos años más tarde, en 1991, el juez Barry Stuart llevó a cabo el primer sentencing Circle en la región de Yukon (McCold, 2006).
En 1989, en Nueva Zelanda, se aprobó la Children, Young Persons and Their Families Act, que constituye la primera experiencia institucionalizada de justicia restaurativa, si bien en ese momento todavía no era evidente el uso de este término. De acuerdo con la regulación prevista en la mencionada ley, la respuesta prioritaria del sistema ante el comportamiento delictivo de un menor pasaba a ser el Family group conferencing. Esta apuesta implicaba un giro copernicano del sistema de justicia juvenil neozelandés, que abandonaba el modelo punitivo imperante hasta entonces y se vertebraba en torno a una práctica basada en la voluntariedad, la plena participación de víctima y ofensor y las personas de las respectivas redes de apoyo. En concreto, se trata de un proceso centrado en las necesidades y la responsabilización y que está diseñado para adaptarse a las especificidades culturales de los participantes (MacRae y Zehr, 2004; Guardiola et al, 2012).
En Cataluña, una comisión integrada por profesionales de Medio Abierto de la Dirección General de Justicia Juvenil elaboró ​​el proyecto técnico para la implementación de programas de conciliación y reparación en la jurisdicción de menores que finalmente se materializó como proyecto piloto en 1990. Dos años más tarde, a nivel estatal, la Ley orgánica 4/92 reguladora de la competencia y procedimiento de los juzgados de menores, introdujo la reparación a la víctima y los servicios a la comunidad como nuevas medidas del catálogo de medidas (penas) disponibles para menores.
Otro aspecto a tener en cuenta en el proceso del desarrollo de la justicia restaurativa es, precisamente, el hecho de que sí bien como término nace con el objetivo de superar las deficiencias del sistema penal y, por tanto, estructurado alrededor del delito y del sistema judicial, estos procesos de tipo restaurativo también se han aplicado y adaptado para afrontar de una forma más constructiva los conflictos que se producen en otras esferas de nuestra realidad y que no necesariamente entran en contacto con el sistema judicial. Pensamos en los conflictos que surgen en el contexto familiar, vecinal, escolar, medioambiental, laboral, etc. En todos estos contextos también se ha visto la necesidad de afrontar el conflicto mediante procesos participativos que en lugar de definir quién tiene la razón, tienen el objetivo de encontrar una salida positiva al conflicto a partir de crear un espacio de comunicación donde todos tengan las mismas oportunidades para expresarse, entender y responsabilizarse.
Ahora bien, el movimiento se empieza a configurar como un paradigma de justicia diferente al retributivo cuando Howard Zehr, 1990, publica su libro Changing Lenses, donde ofrece la primera elaboración de un marco teórico, unos principios, unos valores y unos objetivos de este nuevo enfoque 

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